Esa era la casa Veracruz, la residencia oficial y despacho alterno de Javier Duarte de Ochoa mientras gobernaba el estado. Y mientras en esas habitaciones se repartía el dinero del Estado entre empresas que no existían y personas que cobraban por servicios que nunca prestaron en el Centro Estatal de Cancerología de Shalapa, el hospital donde se trataban principalmente niños con cáncer, los pacientes recibían quimioterapia falsa.
No medicamento de calidad inferior, no medicamento vencido, agua destilada, en frascos que por fuera decían medicamento real, comprados con dinero público, aprobados por funcionarios del gobierno de Duarte, aplicados en el brazo de niños que tenían leucemia y que confiaban en que ese frasco los iba a ayudar a vivir. Y la empresa que vendía esos frascos falsos tenía vínculos directos con un diputado federal que era colaborador cercano del gobernador.
Eso es lo que pasó en Veracruz. Y si te quedas hasta el final, vas a entender cómo funcionaba esa casa por dentro, qué tipo de personas entraban y con qué salían, cómo se conectaban las reuniones en esas habitaciones con los hospitales, con las empresas fantasma, con los ranchos o con las propiedades en Miami.
Porque esa casa no era solo donde vivía Javier Duarte, era donde se administraba todo lo demás. Javier Duarte de Ochoa gobernó Veracruz entre 2010 y 2016. Político del PRI, el partido que había dominado la política mexicana durante décadas con toda la maquinaria institucional funcionando a su favor. Veracruz es uno de los estados más importantes de México.
Costa del Golfo, petróleo, agricultura, una historia cultural profunda, más de 8 millones de habitantes. También uno de los estados con más pobreza estructural, con comunidades alejadas que necesitaban servicios básicos reales, hospitales, medicamentos, escuelas, programas para los que menos tienen. Duarte llegó prometiendo exactamente eso.
Discursos sobre inversión social, fotos inaugurando hospitales, declaraciones sobre la salud de los veracruzanos, sobre programas para personas mayores, sobre el apoyo a niños en situación de vulnerabilidad. Por fuera, durante varios años, la imagen funcionó, pero lo que pasaba dentro de esa casa era completamente distinto a lo que mostraban las fotos.
Espera, porque falta una pieza. Para entender lo que ocurría en esa residencia, hay que entender primero que no era solo un lugar donde vivir. Tenía una función que iba mucho más allá de ser la casa de un gobernador. era un centro de operaciones, un espacio donde se tomaban decisiones que no podían tomarse en ningún edificio del gobierno, porque esas decisiones no podían aparecer en ningún registro oficial y esas decisiones tenían consecuencias directas y concretas sobre lo que ocurría en los hospitales del estado, porque el sistema
que Duarte construyó no fue improvisado. Sí era una arquitectura financiera con capas, con personal específico, con roles definidos. con una lógica interna que explica cómo fue posible que funcionara durante 6 años sin que nadie dentro de las instituciones lo detuviera. El mecanismo central eran las empresas Fantasma, una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una de las más detalladas que se hicieron sobre el caso.
Identificó una red de más de 400 empresas fantasma vinculadas al gobierno de Duarte. empresas que existían en papel, que tenían registro fiscal, que emitían facturas al gobierno del estado por servicios y bienes que nunca se entregaron. 57 de esas empresas recibieron directamente 3617 millones de pesos durante el sexenio y en el corazón de esa red había un nombre, Víctor Manuel López Gachuz, contador público, na restaurantero, figura conocida en los círculos sociales de Veracruz y el arquitecto principal de una estructura tan organizada que la
investigación periodística la describió como una fábrica de empresas fantasma. López Gachus era socio o representante legal de múltiples empresas dentro de la red. Las mismas personas aparecían en distintos roles en distintas empresas, creando un laberinto corporativo diseñado para que el rastro del dinero se perdiera antes de llegar a su destino real.
Y ese destino real tenía una dirección, tenía la dirección de esa casa. Déjame mostrarte cómo funcionaba en la práctica. El DIF del Estado, el organismo encargado de atender a familias en situación de vulnerabilidad, lanzaba licitaciones para comprar bienes destinados a personas mayores, a niños, a damnificados, bienes concretos, sillas de ruedas, on medicamentos, despensas, material médico.
Las empresas de la red competían entre sí en esas licitaciones, pero todas pertenecían al mismo entramado. era una competencia simulada. El gobierno elegía a una de ellas como si hubiera seguido un proceso regular. El dinero salía y los bienes nunca llegaban. Se simuló la compra de 2,634 sillas de ruedas por 5,8 millones de pesos para personas mayores.
Nunca se entregaron. Se simuló la compra de medicamentos para pacientes en distintos hospitales del estado. Nunca llegaron. Entre 2012 y 2013 solamente funcionarios del gobierno firmaron 73 contratos de este tipo para la adquisición de bienes que en el papel serían destinados a personas en situación de pobreza, a damnificados, a niños y ancianos.
No hay constancia de que ninguno de esos bienes fuera entregado. Y mientras eso ocurría en el papel, en los hospitales faltaba de todo, porque el dinero que debía llegar a los hospitales, el que debía comprar los medicamentos reales, el que debía mantener los equipos y pagar los insumos, ese dinero estaba desapareciendo en la misma red que se administraba desde esas habitaciones.
Y ahí es donde aparece la historia de los niños con cáncer. Y aquí es donde todo se complica. La farmacéutica R, la empresa que producía el medicamento oncológico real, detectó algo extraño desde 2011, desde el primer año del gobierno de Duarte. Notaron que hospitales de Veracruz habían dejado de comprar sus productos de forma consistente.